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23 Mai 2018

Cambio de rumbo

Filed under: opinió — guillemfaboupf @ 22:51
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12 Mai 2018

Decencia energética

Filed under: opinió — guillemfaboupf @ 18:36
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L'APE va anunciar la denúncia d'Agbar davant l'oficina on es va fer l'acció de finals de febrer / ACN

La APE anuncia la denuncia de AGBAR ante la oficina donde se hizo la acción de finales de febrero / ACN

Hay cosas que nunca cambian, aunque las leyes sí lo hagan. La pobreza energética sigue siendo un problema social de gran envergadura en Cataluña, y leyes y regulaciones recientes han quedado en entredicho. Esta semana se ha hecho público el acuerdo entre la compañía Aigües de Barcelona (AGBAR) y la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) para iniciar una mediación que resuelva el conflicto que tienen pendiente en los tribunales. La APE fue denunciada por AGBAR después de haber ocupado sus oficinas el 27 de febrero para pedir la condonación de la deuda acumulada de facturas de agua de 5 familias en situación vulnerable.

La APE actúa para defender y proteger los derechos universales como el acceso al agua ante los intereses de grandes compañías como AGBAR o Endesa. Derechos y obligaciones para las administraciones públicas que están amparadas por la Constitución española y por el Estatuto de autonomía de Cataluña. De hecho, el artículo 5 del Estatuto dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de sobreendeudamiento o imposibilidad de acceso a suministros básicos de agua, luz y gas. En el año 2015, el Parlament catalán dio luz verde a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta ley se aprobó durante la última legislatura de Artur Mas precisamente para evitar, entre otros motivos, la trifulca que mantienen hoy AGBAR y la APE por los derechos de los más vulnerables. Pero la realidad es muy diferente a la que concierta la ley.

Los múltiples supuestos que incluye la ley para evitar la pobreza energética se centran en dejar claro que la empresa suministradora debe solicitar, antes de realizar un corte de suministro, un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo. Sin embargo, estos supuestos no han sido respetados por las grandes empresas. Y la APE no está dispuesta a darse por vencida.

La Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y las empresas suministradoras han sido incapaces de cooperar de forma plena y las familias en situación crítica siguen sufriendo los designios de las grandes compañías suministradoras. Las denominadas comisiones de sobreendeudamiento que se postularon como instrumentos encargados de velar por los intereses de las familias vulnerables no han tenido el impacto que la APE, la PAH y el Observatori DESC, los impulsores de la ley, deseaban. A todo esto, la crisis económica ha empeorado de forma notoria la situación de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las familias en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Esta tendencia, sin embargo, contrasta con los beneficios obtenidos por empresas de suministros.

Es la sociedad civil la que sigue movilizándose y llevando la iniciativa ante la inoperancia institucional. No se trata de un contencioso corriente, AGBAR y la APE protagonizan un conflicto, ahora en forma de mediación, que habla de la dignidad de los que pagan las últimas consecuencias de la crisis. Testimonios que expresan inquietudes que ya han dejado de ser protagonistas en informativos y periódicos, si es que alguna vez lo fueron. Y las instituciones que no se implican con el compromiso suficiente se convierten en cómplices de las compañías suministradoras. Menos palabrería en sus discursos y más decencia política, señorías.

Guillem Fabo

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